A. —Y tú, ¿qué piensas de la ley de partidos?
B. —¿Cuál?
A. —La que aprobó el PP, para ilegalizar Herri Batasuna.
B. —Pues que no debió aprobarse nunca. No se puede ilegalizar un partido político.
A. —Ya. Eso pensaba yo, pero luego leyendo la ley y la sentencia del tribunal constitucional, me entraron dudas…
B. —¿Por?
A. —Bueno, es que los comportamientos que se describen ahí como causa para la ilegalización no cabe duda de que son delictivos. Delictivos de cojones: colaborar económicamente con banda armada, amenazar o agredir a adversarios políticos… Ya no es cuestión de lo que uno piense, sino de comportamientos criminales en sí mismos.
B. —Pero esos comportamientos, si se pueden probar, se deberían perseguir individualmente, en cada persona. ¿O se da por supuesto que todos los militantes de HB son criminales, que todos están en contacto con ETA y han agredido o amenazado a alguien?
A. —No, claro. Pero el partido en su conjunto, sí. Quiero decir, el partido en sí no es nada, no es nadie, pero sus órganos directivos, su estructura, sí que pueden estar metidos hasta el cuello.
B. —También en esos casos son personas concretas las que pueden y deben ser encausadas, sin dar por supuesto que todo el partido (o sea, todos los militantes; o incluso todos los votantes o simpatizantes) es culpable.
A. —No sé, lo tenía más claro antes. Me parece, desde luego, que lo que es por pensar esto o lo otro (incluso por justificar el terrorismo, como hace Alfonso Sastre) no se puede juzgar y condenar a una persona, ni tampoco cerrar un partido. Si no, habría que comenzar por encausar a todos los que justifican, a toro pasado, las atrocidades del franquismo o de Pinochet.
B. —Que desde luego, Sastre y los otros, con su pan se lo coman.
A. —Seguro, pero ¿te gustaría vivir en un régimen donde se prohibieran los libros de Sastre, o los de esos pirados revisionistas tipo Moa?
B. —No, desde luego que no, aunque no vaya a gastarme un euro en ellos. (Bueno, quizá en alguno de Sastre, que ha escrito tanto y tan bien de otras cosas —aunque con cierto escrúpulo, si te soy sincero.)
A. —A lo que iba es que los de HB olía tan mal y eran tantos años de impunidad (si no total, si muy grande) que tampoco me parecía tan raro ni tan equivocado, pensándolo mejor, que les quisieran parar los pies de algún modo, leyes y jueces mediante.
B. —¿Y de verdad se los han parado?
A. —Algo supongo que sí. A ETA, al menos.
B. —A ETA será, porque por lo que a Batasuna se refiere, sólo tienes que comparar los resultados de las dos últimas elecciones vascas…
A. —Ya. El Partido Comunista de las Tierras Vascas ha mejorado los resultados que tuvo Euskal Herritarrok en el 2001.
B. —No por mucho: 7.000 votos, dos escaños. Y en todo caso, son menos votos que en el 98.
A. —O sea, que parece que antes de la Ley de Partidos Batasuna iba en picado, y ahora ha remontado un poco, quizá precisamente porque puede presentarse como el partido que Madrid no te permite votar.
B. —En todo caso, por ahí no se puede decir que la ley haya servido de gran cosa a la causa constitucional.
A. —Ya. Pero nos dirán que es porque el PSOE ha sido desidioso a la hora de aplicarla. Si hubieran prohibido el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y en general todo lo que oliera a prolongación de Batasuna, otro gallo hubiera cantado.
B. —Miles de vascos sin partido, se supone. Forzados quizá a votar al PNV, o a Aralar.
A. —No todos ellos criminales, supongo. De todas formas, después de leer la ley, no tengo nada claro que el PSOE hubiera podido prohibir el PCTV.
B. —¿No?
A. —No. Creo que la mayor parte de la gente que habla del tema no ha leído la ley (lo mismo que yo no la leí hasta ayer, y tú ni aun ahora). El punto dos del artículo noveno, que es el que establece las causas por las que se puede declarar ilegal un partido, no sólo habla de conductas graves (promover, justificar o exculpar atentados, fomentar, propiciar o legitimar la violencia, etc.) sino que establece que éstas deben ser reiteradas.
B. —Difícil que un partido recién creado (o que no ha tenido actividad, prácticamente) antes de las elecciones pueda haber hecho nada “reiteradamente”.
A. —Claro. Es cierto que luego, en el punto 3, habla de incluir regularmente en sus listas a personas condenadas por terrorismo, o apologistas del mismo.
B. —Y ahí parece que es ese “regularmente” lo que pone las cosas bastante difíciles, ¿no?
A. —Aunque nada de esto impediría que el PCTV siga una trayectoria que desemboque, como en el caso de HB-EH, en la ilegalización.
B. —Y si no lo hace, podría argumentarse que la ley ha sido eficaz justo en eso, en obligarles a guardar las apariencias y medir sus pasos, siquiera por miedo.
A. —No sé. Con tanto votante, no parece que les fuera a costar mucho, llegado el caso, abandonar ese caparazón legal y buscarse otro cualquiera, y luego otro, y así…
B. —Porque lo que son los votantes o simpatizantes, nos guste o no, no van a desaparecer.
A. —Así que…
B. —¿Qué…?
A. —Que no sé. No tengo claro que la ley fuera necesaria o haya sido eficaz, aunque tampoco es el embudo antipluralista que nos han querido vender por ahí.
B. —¿No?
A. —No del todo. Es verdad que oscila entre condenar las acciones y condenar el pensamiento [lo que tampoco puede extrañarnos, estando tipificada ya, sin mucho escándalo, la apología del terrorismo, y quién sabe si aún (habrá que verlo) cosas como las injurias al rey y la bandera o algún sucedáneo políticamente correcto de la blasfemia]. Pero al final pone el peso en los actos, en las agresiones físicas, o en la ayuda efectiva a realizarlas.
B. —Mejor, o menos mal. De todas formas, decías que la sentencia del Tribunal Constitucional también decía cosas interesantes al respecto.
A. —Bueno, por de pronto afirma que el artículo 9 no está bien redactado, cosa que también ve cualquiera, comparando los puntos 2 y 3 del mismo.
B. —¿Y eso?
A. —El dos indica qué conductas, realizadas de forma reiterada, pueden acarrear la ilegalización; y el tres nos vuelve a contar lo mismo, pero con una lista más larga y pormenorizada.
B. —Total, que o sobraban los pormenores o procedía haberlos incluido la primera vez.
A. —Literalmente:
En cuanto al número 3 del art. 9 LOPP, la defectuosa redacción de su encabezamiento puede hacer pensar que las conductas en él enumeradas se sobreañaden a las descritas en el número anterior y que, por lo tanto, han de ser interpretadas con independencia de ellas. Sin embargo, la interpretación sistemática de ambos preceptos y la de todo el artículo en el que se incardinan obliga a entender que en las conductas descritas en el número 3 del art. 9 han de concurrir los rasgos genéricos a que se refiere el número 2 del mismo precepto. Las conductas enumeradas en el art. 9.3 LOPP no son sino una especificación o concreción de los supuestos básicos de ilegalización que, en términos genéricos, enuncia el art. 9.2 de la propia Ley; de tal manera que la interpretación y aplicación individualizada de tales conductas no puede realizarse sino con vinculación a los referidos supuestos contenidos en el art. 9.2.B. —Las prisas, supongo.
A. —A algunos, por cierto, les resultó curioso que una ley mal redactada pudiera ser constitucional, o legal sin más. En todo caso, las precisiones del TC van por el lado garantista, limitando los supuestos delictivos. En
la Página Definitiva lo resumen así:
Porque la Ley de Partidos deja fuera de la ley a las formaciones que apoyan la violencia terrorista (el TC aclaró que esto debía de quedar retratado en actuaciones activas de colaboración y no en mero posicionamiento ideológico, so pena de inconstitucionalidad) o que tienen en sus listas a personas vinculadas a bandas terroristas (el TC también hubo de minimizar esta postura, aclarando que no suponía un problema la inclusión de quienes habían quedado reinsertados y cosas así, entre otras cosas porque en tal caso desde el PSOE hasta el mismo PP serían "ilegalizables"). Igualmente, se proscribía la actividad de quienes trataran de suceder a estas organizaciones ilegales. Esto es, quienes de facto sucedieran organizativamente a un partido político así declarado ilegal. El TC no aclaró, porque no cabía en mente demócrata siquiera tal hipótesis, que por supuesto eso no había de comportar la automática prohibición de cualquier partido político o agrupación llamado a ocupar el espacio electoral del partido ilegalizado, pero sin tener nada que ver orgánicamente con él ni tener vinculación alguna con el terrorismo ni llevar en sus listas a nadie condenado. Dicho sencillamente, una hipótesis de esta índole, propia de república bananera, no cabía en cabeza demócrata alguna.
B. —Lo de que los errores de redacción no invalidan una ley me sonaba haberlo leído antes. En fin. ¿Entonces tú también has acabado convencido de que “había que hacer algo”, y quizá esta Ley no era lo peor que se les podía ocurrir?
A. —Lo peor seguro que no. Hay cosas que no hemos tenido en cuenta en la charla, además. Hay mucha gente jodida por ETA y Batasuna, y seguramente con esta ley se sintieron apoyados, protegidos, al menos en intención.
B. —Probablemente. Aunque esos mismos se llevarían el chasco cuando los de las Tierras Vascas salieron a escena.
A. —Muchos, desde luego. No sé cuántos de ellos conocerán los límites de la ley en cuestión. En todo caso, lo que sí es seguro es que a unos cuantos (que no tienen por qué ser los directamente afectados por las bombas) les parecerá que esto de discurrir sobre matices y distingos es cosa de pusilánimes y calzonazos, y que lo único que hay que discutir aquí es dónde construimos la cárcel para meter a todos los votantes de Batasuna, o poco menos.
B. —Ya: esos son lo del martillo y con todo lo gordo. Los que piensan que con los malos no se pueden tener contemplaciones.
A. —Frente a los que aún pensamos que los buenos (o los menos malos) son los que aún tienen contemplaciones, voluntad de hacer todos los distingos necesarios.
B. —Ya: algunos tan gordos como diferenciar al criminal de su crimen, o (por el otro lado) negarse a distinguir una muerte violenta de otra, condenándolas todas.
A. —Oponiéndonos por las dos razones a la pena de muerte, sí, aunque don Gustavo Bueno se presente voluntario a ejecutarla con sus propias manos.
B. —Pues yo juraría haberte oído que hay muertes violentas que no te hubieran parecido nada mal, tipo tiranicidios y regicidios y cosas así.
A. —Contradiciéndome lo habré dicho, o presa de rabia. Porque si no diferenciamos al tirano de su tiranía, ya estaríamos en lo mismo que negábamos, en la pena de muerte, así sea el heroico Mateo Morral el encargado de administrarla.
B. —Mal menor, tal vez, si con eso se ganaba algo.
A. —Y así ya estábamos otra vez en el terreno de la eficacia. Es la tentación de cortar por lo sano. Claro que si aprobamos el intento de matar a Hitler o Stalin o Alfonso XIII, alguno con segundas debería preguntarnos si también estamos dispuestos a contribuir a una colecta para quitar de en medio a Fidel.
B. —Y haría bien. No sé, ¿recuerdas eso que decía una vez, en el Continental, Tomás Segovia?
A. —Me temo que sí. Que hay cosas de ese tipo que en un momento determinado se pueden llegar a hacer (por ejemplo, torturar a un terrorista, si es la única manera de evitar que en veinte minutos estalle una bomba y se lleve por delante una ciudad), pero que lo que no tiene recibo es contemplar esos supuestos a priori y darles cobertura legal.
B. —Indulto, quizá, pero no impunidad.
A. —No sé si es una salida airosa del problema. Quizá no haya salida airosa.
B. —Salida por salida, alguna habrá que dar, siquiera al diálogo. Yo creo que, si llegan aquí, te dirán que tras tanto leer y hablar no has concluido nada.
A. —Peor aún, que estoy donde estaba, negándome a ver la cegadora evidencia. En fin: peor sería fingir que la veo.
B. —Espera que no te deseen que una desgracia cercana te abra los ojos.
A. —O la cabeza. Los hay capaces.
